Conflicto en el Congreso por la reforma de la ley de inmigración

El Gobierno ha estado inmerso en intensas negociaciones en el Congreso para intentar avanzar en la reforma de la ley de inmigración, que pide el reparto obligatorio de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Sin embargo, la propuesta fue nuevamente rechazada por el órgano representativo. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, medió pero no pudo llegar a un acuerdo.

En el pleno, el PP y Junts enviaron la iniciativa al PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que decidieron retirar la reforma. Tanto Junts como Vox confirmaron su oposición desde el principio.

La representante de Coalición Canaria, Cristina Valido, se mostró dispuesta a apoyar el texto, si se dispone de la información necesaria para su implementación. Sin embargo, destacó que cualquier avance depende de la cooperación del PSOE y Sumar. “Si no hay avances en las próximas horas, es mejor no votar y continuar la conversación”, afirmó. La modificación del artículo 35 de la Ley de inmigración tiene como objetivo abordar la situación de los menores inmigrantes no acompañados en regiones muy superpobladas.

Por otra parte, Junts votó en contra del mandato deficitario del Gobierno, que podría afectar al presupuesto de 2025. El vicepresidente del Congreso de Junts, Josep Maria Cruset, anunció la oposición de su partido al plan, destacando la necesidad de estabilidad fiscal.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si se rechaza el mandato, el gobierno deberá fijar un nuevo objetivo en un plazo de cuatro semanas. De aprobarse esta nueva propuesta, tendría que pasar al Senado, donde podría estar sujeta a nuevas enmiendas.

La falta de un mandato de estabilidad dificulta la presentación de los requisitos hasta 2025, lo que es crucial antes de finales de septiembre para la admisión del próximo año. Hasta ahora, el gobierno no ha establecido condiciones previas en esta legislación, lo que complica aún más las negociaciones con sus socios políticos.