El crecimiento de la deuda pública en Costa Rica y sus consecuencias

En Costa Rica, la deuda pública alcanzó los ₡29.211.399 millones (aproximadamente US$55.269 millones), un aumento de ₡449.117 millones desde finales de 2023. Este aumento pone de relieve los desafíos que enfrenta el país, ya que la deuda global se ha cuadruplicado desde la década de 2000. Actualmente, el 60% de las economías emergentes y en desarrollo enfrentan problemas de sostenibilidad fiscal, y el 80% de la población de América Latina se ve afectada por medidas de austeridad de alto endeudamiento.

VIII. sobre los flujos financieros ilegales. En la Conferencia Internacional, Daniela Berdeja, miembro de la Red Latinoamericana de Justicia Económica y Social (LATINDADD), destacó que la deuda actual está en manos de los bonistas, lo que hace más opacas las negociaciones y las condiciones. . Este aumento de la deuda genera una importante presión presupuestaria, ya que la mayor parte de los ingresos fiscales se destina al pago de intereses, lo que limita el crecimiento económico de la región.

En el caso de Costa Rica, la deuda externa aumentó en ₡664.535 millones, mientras que la deuda interna disminuyó en ₡215.418 millones. Berdeja destacó que el pago de intereses provocó un ajuste fiscal que afecta a sectores vitales como la salud y la educación. En Costa Rica, el 46% del presupuesto se gasta en pago de deuda e intereses.

Un análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional indica que al cierre de 2023 el país solo pagará ₡2.451.952 millones en intereses, monto casi igual al destinado a financiar la educación pública.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que el alto costo del servicio de la deuda está limitando el “gasto social” y que las reformas presupuestarias son urgentes. Propuso reformar el sistema tributario, incluyendo una mayor carga fiscal para los más ricos y un enfoque en el desarrollo económico sostenible.

Berdeja también pidió reformas a nivel internacional, que incluyen el alivio de la deuda, la abolición de la carga de intereses y el acceso a financiación preferencial, para mejorar la situación económica de los países latinoamericanos.