España implementará la Directiva Europea de Reconciliación a partir del 2 de agosto

A partir del 2 de agosto, España aplicará la Directiva Europea de Conciliación, que exige un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido a los padres desde el nacimiento del hijo hasta que cumpla 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 mientras el gobierno de coalición negocia los términos.

Esta directiva, aprobada en 2019, exige que todos los empleados tengan derecho a al menos cuatro meses de permiso parental antes de que el niño cumpla 8 años. No se puede trasladar durante dos meses, y si no se cumple hay que sancionarlo. El gobierno tiene hasta agosto para adaptarse a estos requisitos.

El derecho de familia ya reconoce este derecho, pero aún está por determinar cómo y cuándo se financiará, en espera del pleno cumplimiento de la directiva. Los funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciarán al salario de cuatro semanas, aunque algunos miembros del gobierno ya lo han hecho.

Carlos Martín Uriza, diputado de Sumar, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia retribuida: 14 semanas al nacer y 8 semanas para cuidados antes de que el niño cumpla 8 años. Actualmente en España se ofrecen 19 semanas, que se dividen en 16 semanas al nacer y 3 semanas adicionales de lactancia.

Recomendamos al PSOE ampliar el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas y garantizar el pago de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al gobierno alrededor de 250 millones de euros por semana pagada. Además, si la normativa no se aplica a tiempo, la multa puede alcanzar hasta 53.600 euros al día.

Hay muchas dudas e incertidumbre tanto entre los trabajadores como entre los empleadores sobre cómo se financiarán estos permisos. Según la experta en derecho laboral Catarina Capeáns, aunque la ley reconoce el derecho, no especifica cómo se debe pagar. Esto ha causado confusión sobre el porcentaje del salario que se destina a los permisos y sus costos.

La consultora laboral Mamen Sánchez también señala que la falta de claridad en la implementación de los permisos ha creado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad del pago recae en el Estado, pero es necesario un desarrollo regulatorio para hacerlo viable, con el objetivo de cumplir plenamente con la directiva en 2025.