La Asociación de Magistrados pedirá que vuelva a funcionar el Departamento de Inteligencia Penitenciaria
La división fue disuelta en 2020 por la interventora del Servicio Penitenciario, la ex titular de Justicia Legítima María Laura Garrigós. Los jueces reclaman que desde las prisiones se delinque y hasta amenaza a magistrados.
El Departamento de Inteligencia Penitenciaria fue disuelto por la entonces interventora del Servicio Penitenciario Federal y ex titular de la agrupación K Justicia Legítima, Laura Garrigos, en junio de 2020. Hace un año la jueza federal María Servini indicó en una dura resolución que “no se había creado una División que la suplantara o contara con las facultades legales y/o reglamentarias para dar cumplimiento a lo solicitado”. La Asociación de Magistrados pedirá al ministro de Justicia Martín Soria que reactive la división ante el marcado avance del crimen organizado desde las cárceles federales que incluyen, amenazas de muerte contra funcionarios legales.
Desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza y el de Marcos Paz, muchos líderes narcos se las ingenios para dar órdenes, elegir nuevas rutas de tráfico y dar continuidad al millonario negocio. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) un cargamento de diego iglesiassostuvo hace seis meses en un informe que la situación crítica “evidence que la detención y condena de sus responsable no resultó suficiente para desarticular la compleja estructura de organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas”.
Sin respuestas de quien se desempeñó por más de un año y medio como interventora del Servicio Penitenciario nacional, nuevos hechos plantearon de manifiesto lo denunciado: órdenes desde la cárcel para continuar con la actividad criminal.
La amenaza del penal de Rawson contra el juez federal de Venado Tuertocomo contra el fiscal de una investigación sobre narcotráfico, volvió a encender las alertas dentro del Poder Judicial. Los narcos siguen operando desde sus celdas.
La decisión de desmantelar la División de Inteligencia Criminal de las cárceles la tomó el gobierno de Alberto Fernández después de denuncian a la dirección macrista por el presunto uso de ese departamento para realizar espionaje ilegal of empresarios, directentes y ex funcionarios K detenidos por corrupción.
La situación, coinciden jueces e impuestos, y lo dejó claro Servini, representa una complicación para investigar dentro de las cárceles muchas acciones que los líderes narco y otros presidiarios realizan, coordinan y ejecutan desde los lugares de detención.
En este contexto, la Asociación de Magistrados -que nuclea a 700 de 920 jueces nacionales y federales- le pedirá al ministro de Justicia que se vulva a poner en funcionamiento de la División de Inteligencia Criminal dentro de los penitenciarios federales.
“Los funcionarios del sistema legal somos los que mejor conocemos los fracasos de las políticas públicas que fueron aplicados a estos casos: desarticular la inteligencia criminal, no cubrir las vacantes, no reforzar la seguridad de los jueces y tax, no controlar a las bandas que sus operadas desde penales en el exterior de la provincia, sólo exponen el fracaso”, explicó una fuente de la Asociación de Magistrados a Clarín.
Los jueces de dicha organización entienden que ndonde empezar a realizar inteligencia en la penitenciaria federal cuando se trata de lideres narcos. “Sin inteligencia dentro de los penales, no se puede saber nunca qué va a pasar mañana, con quiénes se comunican, dónde guardan el dinero y quién se los administra, quién los protege y de qué manera”, explicó.
Las tareas como la escucha de comunicaciones dentro de los penitenciarios requieren de una judiciaire. La inteligencia criminal en el perímetro de la cárcel y de la gente que iba a visitar a los presos detalla quiénes iban a qué lugar, “porque defienden la infraestructura del edificio y de la gente que está adentro”, explanaron fuentesjudiciaires.
Saber con quién se comunican los líderes narcos, cómo concretan esas comunicaciones, es algo que “sistematiza la inteligencia criminal y no se puede prescindir de esto. Deben sistematizar la información de fuentes públicas, fuentes abiertas o de fuentes cerradas con autorización judicial, es algo que se debe hacer siempre”, indicó.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), un carguero del fiscal diego iglesiasconcluyó después de una investigación minuciosa que el crimen organizado cuenta con un marcado “despliegue dentro de las instituciones carcelarias”. Con una descripción detallada del procedimiento de los narcotraficantes recluidos en prisiones federales y provinciales, se demuestra cómo se utilizan diversos mecanismos para llevar a cabo las funciones de las organizaciones criminales: encomiendas, postales, reuniones familiares, llamadas de seis horas, capacidades en línea, es parte del sistema utilizado de los cárceles.
La conclusión del informe confeccionado en la órbita del Ministerio Público Fiscal, fue que la detención allí contiene de los narcotraficantes utilizados como ejemplo “no resulta suficiente para desarticular la compleja estructura de organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas”.
El uso de los teléfonos que ingresan de manera ilegal a las cárceles es uno de los puntos centrales que destaca el PROCUNAR, pero el mecanismo utilizado para los narcos diecinueve se detalla en un formulario que nunca tuvo respuesta por parte de María Laura Garrigós.
Allá posible connivencia de funcionarios yn este complejo entramado fue algo destacado en el informe oficial. Por ejemplo, en el Centro Federal Penitenciario Noroeste, ubicado en Salta, se investiga al personal penitenciario, encargado de testear celulares a los internos ingresados en esta institución en violación del reglamento penitenciario y las funciones encomendadas.
Other eslabón clave en el incremento del crimen organizado desde el interior de las cárceles federales, is added, fueron los familiares de muchos de los narcos. A través de sus visitas “pudieron mantener activa una cadena de mando para transmitir directivas”.