La oposición declaró maniobras de corrupción con ventas de tiers en zonas de frontera sensible par la seguridad

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y los senadores nacionales Alfredo Cornejo (UCR – Mendoza) e Ignacio Torres (PRO – Chubut) denuncian una serie de maniobras de corrupción por parte de funcionarios nacionales y municipales en la venta de tierras seguridad fronteriza áreas

Los directentes de Juntos por el Cambio llevaron a cabo una conferencia de prensa en conjunto, en la que información el accionar de una presunta red de complicidad de la que estarían involucrados funcionarios kirchneristas a nivel nacional y municipal, mediante la cual se entregan fiscal tiers en distintos provincias a falsos miembros de comunidades mapuches, quienes aparentemente las compraron a precios irrisorios.

Dichos terrenos, ubicados en áreas críticas para la seguridad nacional, como son las Zonas de Fronteras, se vendieron luego a precio de mercado a extranjeros.

Los líderes de la oposición presentaron, además, datos que demostrarían la posible adulteración de los registros y mapas de las tierras en cuestión en los desastres municipales.

Según los funcionarios, el supuesto entramado de corrupción, asociación ilícita y lavado de activos cuenta con la participación de la Dirección Nacional de Zona de Seguridad y Fronteras (dependencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, que entre sus funciones se encuentra la taxización de las inmobiliarias operaciones en Zonas de Fronteras), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI, señalado por la entrega ilegítima de tierras a comunidades Mapuches en Mendoza), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Esta estructura ya había sido anunciada por la propia Auditoría General de la Nación (AGN) en 2017, cuando dio cuenta de las irregularidades en la venta de terrenos en Zonas de Seguridad de Fronteras en distintas provincias de la Patagonia.

Entre las mencionadas irregularidades en las que el estudio encuentra el incumplimiento del respeto de las dependencias nacionales, ha podido informar el origen de los capitales invertidos por los particulares y sociedades extranjeras en las tierras ubicadas en Zonas de Seguridad, lo que genera sospechas de blanqueo de dinero potencialmente de origen delictivo.

Los senadores Cornejo y Torres, por su parte, elevarán un pedido de informe ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para que su titular, Aníbal Fernández, dé cuenta ante el Congreso de la Nación del funcionamiento de la Dirección de Seguridad y Fronteras entre 2003 y 2015 en Chubut y Santa Cruz.

El fiscal federal Eduardo Taiano y la jueza María Servini están investigando la realización de, al menos, otras tres supuestas ventas espurias de camps duringe aquel período en Zonas de Fronteras – con similar operatoria de entrega de tiers de valores millonarios y de alta sensibilidad para la seguridad nacional- a mapuches para su posterior reventa a extranjeros, quienes habrían utilizado sociedades «pantalla» y presuntos testaferros

Asimismo, los legisladores de Juntos solicitan al INAI informan sobre las entregas de tierras tax ubicadas a supuestos miembros de la comunidad mapuche en Chubut, Río Negro y Santa Cruz.

También se pedirán explicaciones al Renaper respecto a la emisión de los documentos falsos para los compradores de las tierras, operación que resulta altamente preocupante, sobre todo a la luz de las investigaciones recientes respecto a la emisión de los documentos irregulares à ciudadanas rusas para otorgar domicilios falsos un número de indigentes o «prestanombres».