La Plataforma de Regantes del Condado de Huelva rechaza que la proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz deje fuera a las fincas que tengan pozos ilegales: «Sería inconstitucional»
La Plataforma en defensa de los regadíos del Condado de Huelva, que aglutina a unos 1.500 agricultores que aspiran a ser beneficiados por la proposición de ley de Doñana que tramita el Parlamento andaluz, admite que sus agricultores reciban una media de entre «10 y 15 multas diarias». Las sanciones proceden de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la captación ilegal de aguas subterráneas que secan el acuífero de Doñana, y de la Junta de Andalucía, para los Inspectores de ordenación del territorio y suelo, explicaron los afectados.
La Plataforma rechazará que la comisión técnica, que tendrá que decidir caso a caso de que estas fincas vuelvan a obtener su título de suelo de regadío, discriminar de forma negativa a los agricultores que hayan seguido cultivando y regando de forma ilegal en la última década. Considerando que non es competencia de esa norma, que se limita al suelo, y añade que sería «inconstitucional». Tampoco supieron decir cuántos agricultores de esta plataforma explotan sus fincas de forma irregular, negándose a establecer una división entre «regulares e irregulares».
suelo y agua
Las multas, explicaron, sancionar un uso irregular del suelo. Por ejemplo que allí se plante secano marino con regadío o que allí se cultive bosque marino. O aunque fuera regando de forma irregular, con pozos ilegales. Pesa admitir una realidad “heterogénea” entre quienes forman parte de esta plataforma, su portavoz, julio diazaseguró que «no piden papeles” para saber cuántos de sus agricultores siguen cultivando fruit rojos pese a que su suelo fue excluido y vetado para regadío en el plan de reorganización de la fresa que la Junta aprobó en 2014. Este plan está en el origen del conflicto que ahora, de nuevo, ocupa la actualidad política. «Es un mapa hecho a jirones», alegó el portavoz.
Los regantes afectados por la proposición de ley que, de la mano de PP y Vox, tramita la Cámara andaluza, bajo la amenaza de sanciones desde Bruselas, ofrecieron un encuentro informativo donde claron la situación qu’atraviesan cientos de agricultores en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Sus dueños de las fincas quedaron exclusidas de suelo de regadío hace ya diez años. Denuncia que cometieron»graves injusticias» y que se decidió la clasificación de la foto sola con ortofotografía que, en ocasiones, cometieron errores importantes.
Entre los comparecientes estaba un agricultor, Javier Gutiérrez, a quien esa regularización le dejó fuera de un trozo de su finca, ocho hectáreas. Explicó que al momento de la fotografía aérea you cosecha ya se había recogido y los plasticos se habían recogido. Sigue explotando el restaurante de su finca y se ha “hipotecado” para comprar más terrenos en Lepe, donde ha extendido su producción de bayas. En esas ocho hectáreas de siembra de cereales, porque son de seco. “No a todo el que se comprima un coche de alta gama que corra a 200 kilómetros se le presupone que va a incumplir la velocidad. No todos los agricultores somos iguales”, defendió.
Conflicto social
El encuentro también dejó constancia de la tensión que se vive en la zona entre los agricultores que apoyan el plan y los que lo rechazan. El portavoz de la Plataforma acusó al Ministerio de haber buscado “la división” concediendo derechos sobre aguas subterráneas, “directamente de la marisma madre”, a algunos agricultores de Almonte, que salieron de esta asociación y ahora se oponen al plan de regularización de regadios .
El plan andaluz en marcha, que el Gobierno ya ha avisado de que recurrirá al Tribunal Constitucional, no dar derechos a las 1,600 hectáreas. Lo hará aproximadamente a la mitad, unas 750. Muchas familias seguirán quedando fuera de la nueva regularización. Los representantes de la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado de Huelva lamentaron que se hayan vuelto «despectivos» que pellizquen el subsuelo de Doñana, que sus «ladrones», «piratas» del agua o «terroristas medioambientales». «Allí hay mucho sufrimiento», sostuvo su portavoz, advirtiendo de que esos términos «hacen daño a las familias». Lo que se negaron es aclarar cuántos de los miembros de esta plataforma, qu’nació en 2012, la Junta trabajó desde 2003 en la ordenación de la zona, siguen cultivando de forma irregular. “No voy pidiendo los papeles para ver dónde son sus tierras y de dónde no. Its las administraciones las que tienen los datos”, confirmó Julio Díaz.
Una regularización general
«Queremos que se trate igual que antes de 2014», reclamaron, no que se hable de «regulares e irregulares». Piden que se emprenda un «proceso de regularización de captaciones” de l’eau. Esta es la situación No son unos señores que han decidido ir y pinchar un pozo pirata, eso no se ajusta a la realidad. Es lo que llevaban haciendo toda la vida«, alegaron.
El asesor legal de la Plataforma, Javier Domínguez, consideró que distinguir, además de la nueva regularización de hectáreas de regadío, aquellos que han tenido prácticas irregulares y han seguido cultivando frutos rojos sería «inconstitucional y una invasión de otras competencias», ya que la norma legisla sobre el suelo, no sobrio el agua , competencia del Gobierno de la nación. «Vincular esto con el agua es una gran deceit», sostuvo, recordando que nunca ha existido paz social en la comarca y que el plan de 2014 recibió más de 3.600 alegaciones y cientos de contenciosos, perdidos en los tribunales, dijo, por decisiones» discrecional” de los jus.
«No sabéis hasta que punto esta ley supone un balsamo para muchas familias. Se imponen entre 10 y 15 multas diarias a los agricultores de la zona. ¿Saben cuánto es eso en un trimestre? Están temblando. Solo quitarle esa presión es un bálsamo importantísimo”, dijo Julio Díaz. Después matizaron y recogieron el cable. Las multas si se hace un mal uso del agua van a seguir llegando. “No es un bálsamo legal o tangible sino por el reconocimiento de una injusticia. Is hard to listening que venga una norma deprisa y corriendo y te deje media finca fuera, ya partie de ahí te señalen y te califiquen como pirata por realizar algo que ibas haciendo toda tu vida”, corrigió.
«Hay agua»
«Sabemos que vamos a tener un papelito que diga que nuestra tierra es de regadío y vamos a tener que esperar que llegue el agua superficial para considerar esas tierras, pero se reconocerá un error histórico», dijo el agricultor afectado. El asesor tecnico de la Plataforma Juan Manuel Ponce insistió en eso, pero allá del destino de los 19,99 hectómetros cúbicos que vendrán del trasvase de Tinto-Odiel-Piedras, que la Confederación del Guadalquivir ha asegurado qu’está empeñada en reparar el acuífero de Doñana, hay más agua. «Heno caso 40 hectómetros cúbicos de agua regenerada, muchas de la purificadora de Huelva, que no se estan utilizando en la actualidad, que estan inactivo. Además de muchas infraestructuras sin hacer como la presa de Alcolea», ejecutada al 30 % y que se paró porque los técnicos aseguraron que el agua contiene minerales y no servía para el riego. «Hay muchos más recursos que pueden abastecer a nuevas superficies». concluyó este asesor.